Para empezar, resulta útil dividir la criminalidad y la violencia en una serie de fenómenos diferentes pero relacionados entre sí, en donde cada nivel muestra mayor complejidad y mayores niveles de poder coercitivo.
El crimen común
Resulta obvio que Guatemala está siendo azotada por una ola de criminalidad: en un estudio reciente, el 47.5% de los encuestados dijeron que ellos o uno de sus familiares habían sido víctimas de un crimen violento en el último año, mientras que el 77.9% dijo que temían salir de sus hogares.
Con un promedio de 17 asesinatos diarios, algunos de los cuales con la mutilación y tortura de las víctimas, muchos guatemaltecos urbanos han conocido a víctimas de un crimen violento y las circunstancias de su muerte. Inicialmente confinados a las áreas más pobres de la capital, estos crímenes se han expandido. A los funcionarios de la Unión Europea se les advierte que no deben ir a ningún lugar a pie, que no deben manejar de noche, que no deben pararse ante un semáforo en rojo o si atropellan a un peatón. Mientras, los activistas sociales de la región han denunciado un fuerte aumento de crímenes, extorsiones, asaltos y asesinatos, incluso en los departamentos predominantemente mayas como Chichicastenango y Chimaltenango.
Detrás de esta explosión de crimen violento se encuentra una serie de factores de riesgo. El contexto histórico de violencia y destrucción del tejido social ha hecho, sin duda, que los veteranos del conflicto armado y sus hijos sean inmunes a la brutalidad extrema. El fácil acceso a las armas y la limitada capacidad de la policía y el Organismo Judicial crean la oportunidad perfecta para la comisión de actos delictivos, mientras que los altos niveles de desigualdad y subempleo juvenil proveen el caldo de cultivo idóneo para quebrantar la ley. Según un activista de Escuintla, departamento predominantemente agrícola que se encuentra en la costa del Pacífico, "hay trabajo, pero muy mal pagado", lo cual es uno de los motivos de insatisfacción más grandes entre los jóvenes. Una encuesta realizada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) sobre la criminalidad en Centroamérica, reveló que aunque la tasa de desempleo en Guatemala es muy baja (3%), solo el 34% de los niños en edad escolar llegan a la secundaria. La falta de oportunidades para el desarrollo económico, especialmente en contextos urbanos segregados y polarizados puede llevar a la búsqueda de formas alternativas de generar riqueza. Según un oficial del servicio de persecución penal con amplia experiencia en casos de maltrato infantil y homicidio, "la pobreza es un estigma que tiene que ser tratado como la lepra y tienes que hacer todo lo puedas para dejar de ser pobre." Los crímenes de alto impacto, notablemente el asesinato de pilotos urbanos y prominentes activistas políticos y sociales acentúan la sensación de indefensión de las víctimas. El miedo y la histeria han provocado llamados a la implementación de políticas de "mano dura" hacia los criminales, imitando las políticas que ya se han implementado sin mucho éxito en Honduras y El Salvador. Las políticas de "limpieza social" tienen bastante apoyo por parte del gobierno y del aparato de seguridad. La incapacidad de contener la ola de criminalidad ha llevado al alcalde de Mixco a pedir la "militarización" del municipio, lo cual significaría la extensión de la actual política de operaciones conjuntas policíacas y militares en zonas rojas.
La violencia pandillera
Uno de los aspectos más visibles de la criminalidad en Centroamérica ha sido el surgimiento de las Maras, las cuales se concentran principalmente en ghettos urbanos marginales. Las Maras se originaron en las comunidades urbanas latinas que vivían en California durante los años 80, de donde los pandilleros regresaron o fueron deportados a Centroamérica desde la década de los 90 en adelante. Existe una extensa y creciente literatura sobre el tema, analizando el origen de las dos principales Maras: La Mara Salvatrucha (MS-13) y Pandilla Barrio 18 (M-18), y la formación de sus identidades colectivas, su involucramiento en actividades delictivas y el efecto de las acciones policiales represivas en su comportamiento. Las cifras disponibles sobre el tamaño exacto de estas pandillas varía bastante, desde el cálculo conservador de las Naciones Unidas de 70 mil en toda la región (14 mil en Guatemala) al medio millón que contabilizan las entidades gubernamentales (de los cuales se supone que 170 mil son guatemaltecos).
Estas discrepancias ilustran lo difícil que resulta establecer quién es pandillero y qué lo distingue del integrante de una pandilla urbana callejera. Los miedos viscerales de la población sobre el peligro que representan estos jóvenes tatuados y fuertemente armados, agravados por la histeria mediática y las operaciones realizadas por las autoridades como el "Plan Escoba" en Guatemala o el "Plan Super Mano Dura" en El Salvador también impiden un claro entendimiento del papel que juegan las maras en esta ola criminal. Para algunos, las maras son un cartel regional coordinado que constituye "una de las más serias amenazas a la paz regional desde que acabaron las guerras civiles centroamericanas". Otros estudios se enfocan en la clara ausencia de vínculos transnacionales entre las Maras, la ausencia de una cadena de mando vertical y su involucramiento ocasional en el narcomenudeo, los carteles de protección y asesinatos. Como señala un analista, "las Maras operan más como una red de crimen desorganizado". Un análisis de las principales rutas utilizadas para el tráfico de cocaína de Centroamérica hacia los Estados Unidos muestra que el papel de las Maras es marginal.
Aunque abundan los estereotipos erróneos, sí existe evidencia en Guatemala de los crecientes vínculos entre las Maras y el crimen organizado. Un aspecto de esto es el control que ejercen los policías corruptos sobre las pandillas, exigiéndoles una cuota del dinero obtenido a través de sus actividades delictivas a cambio de impunidad. Un estudio detallado del comportamiento de las Maras en años recientes reveló que el 88 por ciento de los ex mareros en Guatemala tenían conocimiento de estas prácticas y un encuestado describió a los policías como "mareros uniformados". En este contexto, un programa de USAID para rehabilitar a los mareros activos en Villanueva fue suspendido en 2002 tras el asesinato de 19 pandilleros por policías agraviados.
Los vínculos con organizaciones criminales de mayor envergadura parecen estarse fortaleciendo. En toda Centroamérica, las Maras parecen haberse transformado de vigilantes comunitarios unidos por lazos de sangre y territorio en brazos estructurados de las redes criminales. Esta transición no es definitiva ni universal pero el patrón ha sido detectado en Nicaragua y El Salvador, donde la llegada del narcotráfico internacional y los efectos estigmatizantes de la represión violenta han generado estructuras mafiosas más organizadas y verticales. De manera similar, en Guatemala, el uso de los mareros como los "soldados perfectos" para la venta de drogas en el mercado local y la extorsión es un hecho que ha sido corroborado por muchos ex mareros. En este sentido, su papel en la ola de asaltos y asesinatos de pilotos urbanos en la Ciudad de Guatemala - se calcula que se producen unos 200 asaltos diarios, aparentemente cuidadosamente planificados en términos de frecuencia, ubicación e impacto - lo cual demuestra su inserción en organizaciones criminales jerárquicas que manejan grandes redes de extorsión.
Crimen organizado
Grupos altamente estructurados y resistentes que manejan y buscan negocios ilícitos altamente lucrativos parecen ser el elemento dominante del entramado criminal en Guatemala. Al igual que en México, donde el Directorio Federal de Seguridad (DFS) fungió como el coordinador central de la actividad criminal hasta su disolución en 1985, muchos de estos grupos han surgido por iniciativa de actores estatales y militares que establecieron un "estado mafioso corporativo" a partir de la década de los 70.
Estos orígenes bajo el manto del Estado contra-insurgente con poderes excepcionales han sido transformados por una especie de metástasis criminal. A juzgar por recientes casos de alto impacto, los carteles criminales han comenzado a actuar como federaciones eficientes y enormemente poderosas que controlan operaciones en múltiples sectores -alterando profundamente su relación con el Estado.
Al mismo tiempo, la base de su impunidad legal y sistemas de alerta temprana siguen presentes en instancias clave del Estado y de los cuerpos de seguridad. Pese a la rotación de directores y las repetidas depuraciones, incluyendo el despido de 932 agentes policiales en agosto de 2007, persisten las dudas sobre la probidad de las fuerzas policiales. El Departamento de Operaciones Antinarcóticos (DOAN) fue desmantelado tras ser sindicada del robo de 600 kilos de cocaína en 2002, mientras que el capo de la droga Adán Castillo fue arrestado tres años después en Virginia, acusado de involucramiento en el narcotráfico. Los agentes policiales entrevistados para la elaboración de este informe afirmaron que la mitad de la Policía Nacional Civil tenía vínculos con redes criminales. Según un testigo, el jefe de la Oficina de Responsabilidad Policial (ORP) no había pasado una prueba de polígrafo.
Un agente de medio rango en el Ministerio Público dijo en una entrevista que el entorpecimiento de investigaciones sensibles era una práctica común bajo la gestión de Juan Luis Florido, quien fungió como Fiscal General entre 2004 y 2008: "Las órdenes llegaban por teléfono. Aquéllos que no obedecían tenían que renunciar a sus cargos. Sabías que te estabas enfrentando a un cuerpo paralelo". Los allanamientos importantes, añadió la fuente, tenían que llevarse a cabo con agentes "ciegos". De lo contrario, era imposible evitar las fugas de información.
La red para-estatal de oficiales corruptos se extiende hacia otros cuerpos de vital importancia, incluyendo el Organismo Judicial, la Dirección General de Migración, el Ejército y la red de 18 mil Consejos Comunitarios de Desarrollo. Esta infiltración también se observa en el sistema político, donde un sistema de financiamiento de partidos con débiles mecanismos de regulación y la falta de control sobre las listas de candidatos locales ha permitido la infiltración de partidos políticos, incluyendo la UNE, por supuestos narcotraficantes.
La flexibilidad operativa que permite esta gama de contactos estatales, políticos y empresariales, sin olvidar los vínculos con los "soldados" mareros - crea múltiples posibilidades para permitir el florecimiento de la actividad criminal. En 2006 se produjo el robo de US$8.6 millones en efectivo en el Aeropuerto La Aurora, lo cual apunta a una alianza criminal entre la policía, agentes de seguridad aeroportuaria y pilotos aéreos, en la cual ex miembros de la inteligencia militar tienen un papel preponderante. Aún más revelador del poder y alcance del crimen organizado fue el asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer en febrero de 2007. Tras esos asesinatos, supuestamente vinculados con el robo frustrado de un cargamento de droga, el jefe de la unidad policial de combate al crimen organizado y otros tres agentes sindicados del crimen fueron asesinados en una cárcel de alta seguridad, aparentemente en connivencia con las autoridades penitenciarias.
Desde entonces, la cadena de crímenes no ha tenido fin: el agente policial que ayudó a detener a los sindicados del crimen, el fiscal auxiliar que realizaba la investigación, los mareros involucrados en el asesinato de los policías en El Boquerón, una mujer sindicada de ser su cómplice, el director del penal donde esta mujer se encontraba recluida, todos han sido acribillados, decapitados o degollados. El ex diputado de la UNE, Manuel Castillo, sindicado como el autor intelectual de la conspiración inicial, junto con ocho cómplices más, actualmente guarda prisión.
Quien resulte ser el verdadero responsable de estos asesinatos coordinados, su habilidad para operar grupos de sicarios en diversos contextos y hacer uso de vínculos con actores políticos, policiales y judiciales y actuar con impunidad, es muy reveladora. Estos casos, por supuesto, ocupan un lugar central en las investigaciones de la CICIG y las reformas legislativas que impulsa.
Es lógico asumir que la cadena de asesinatos refleja la existencia de una estructura subyacente y una serie de rivalidades, las cuales en circunstancias normales no serían visibles. En este caso, la organización en cuestión representaría la evolución de los poderes para-estatales contra-insurgentes y clandestinos, similar a un "estado paralelo" con la capacidad de desactivar los procedimientos institucionales donde y cuando así lo desee. Por último, el auge del crimen organizado debe situarse en el contexto del creciente crimen transnacional. Guatemala se ha convertido en un punto clave en la ruta utilizada para el trasiego de cocaína desde los Andes hasta los Estados Unidos: se estima que el 88% de la droga pasa por Centroamérica luego de que la ruta centroamericana reemplazara a la caribeña a finales de la década de los 90. Se calcula que el 75% de la droga pasa por Guatemala. El comercio se ha confinado a la costa del Atlántico y a la frontera con México, especialmente los departamentos de Izabal y Petén, una vasta jungla donde se reporta la existencia de unas 31 pistas de aterrizaje clandestinas. Pero la campaña anti-drogas librada por el presidente mexicano Felipe Calderón y las ventajas de utilizar a Guatemala con su falta de presencia policial, como una bodega del almacenamiento y una especie de "chorro que puede utilizarse para controlar el flujo de la droga", parecen haber fomentado la incursión de los carteles mexicanos en territorio guatemalteco y la extensión de la narcoactividad a nuevas regiones como el altiplano occidental, la costa del Pacífico y Alta Verapaz. Se estima que hay unos 800 narcotraficantes mexicanos en Guatemala y que estos se han visto involucrados en una serie de balaceras con los carteles guatemaltecos tradicionales, notablemente en Zacapa en marzo de 2008 y en Huehuetenango en noviembre del mismo año.
No cabe duda que los pueblos fronterizos, áreas rurales remotas y regiones donde no tienen presencia las fuerzas del orden público o donde proliferan las armas - la llamada tierra caliente de Zacapa, Chiquimula y Morales en el centro-sur de Guatemala, así como en Petén e Izabal - el narcotráfico se ha convertido en una fuente importante de dinero y poder local y cada vez más sustituye al Estado. En algunas áreas, ha comenzado a jugar el papel de benefactor local para escuelas y hospitales e incluso se le atribuye la eliminación de las Maras locales. Al mismo tiempo, las regiones penetradas por la droga, evidencian tasas de homicidio extremadamente altas, aunque podría afirmarse que esto se debe a las luchas internas entre facciones rivales.
Iván Briscoe. Sociólogo especialista en Estados frágiles y violencia criminal.
Traducción de Louisa Reynolds.