A muchos puede parecerles que el fin de la guerra en Afganistán, que cumplirá 10 años, no está cerca todavía, pero América Latina ha soportado una lucha más larga y recientemente se ha vuelto mucho más sangrienta: la "guerra" contra el tráfico de drogas. Tan trillada -y violenta- se ha vuelto esa guerra que muchos latinoamericanos se preguntan cuál de los bandos es el que tiene la peor adicción patológica.
La nueva estrategia que promueve la secretaria de Estado estadounidense para cortar el crecimiento de los asesinatos relacionados con el narcotráfico es crear "comunidades más fuertes y resistentes". Ciudad Juárez, una extensa ciudad fronteriza que se ha convertido en la capital de los asesinatos, tendría que ocupar un lugar prioritario en esa lista.
Cuatro puentes comunican a Ciudad Juárez con Texas. Los cárteles enemigos que luchan por el control de la plaza se matan entre sí y atacan a las fuerzas de seguridad. No faltan jóvenes desempleados dispuestos a unirse a la masacre.
No obstante, abordar los arraigados problemas sociales y económicos de Juárez es mucho más difícil que llenar sus calles con 8,000 soldados armados. En este aspecto, el presidente mexicano Felipe Calderón se ha mantenido fiel al guión que se ha escrito para escenarios previos de la guerra contra las drogas, donde los gobiernos han utilizado la fuerza militar y la extradición para aplacar a Estados Unidos y castigar a quienes tienen menos voz e influencia.
La inercia de la superestructura burocrática de combate a las drogas (que cuesta aproximadamente $40,000 millones de dólares tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea), apoyada por un arraigado temor a la amenaza que representan las drogas y los cárteles, parece ejercer presión repetidamente para que las políticas se dirijan hacia la conocida opción de la represión en piloto automático.
Por ejemplo, el apoyo estadounidense a la campaña mexicana contra los cárteles parece estar tallada en piedra, y el Congreso está aparentemente dispuesto a proporcionar $300 millones para actualizaciones militares y de seguridad durante un año más. En Colombia, están previstas siete instalaciones militares nuevas, y es de suponer que no se interrumpirá el apoyo a los contratistas privados estadounidenses que han acaparado el mercado de la fumigación de cosechas.
No obstante, a medida que se hacen más visibles las fallas del aparato antinarcóticos que está en funcionamiento desde hace cuatro décadas, es cada vez más difícil creer que los riesgos del consumo de drogas son mayores que el daño que se hace al reprimirlas.
La prohibición incrementa el margen de beneficio de los precios: un sorprendente 15,000% en el caso de la cocaína que se transporta a Europa desde las instalaciones de procesamiento andinas. Mientras que la guerra contra los narcóticos se focaliza en destruir a los cárteles y a sus jefes, contribuye a la salud de sus mercados, que se insertan en los flujos de comercio legítimos y responden a los incentivos de precios.
En una entrevista con el semanario mexicano Proceso, el segundo al mando del gigantesco cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, planteó con claridad: "El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí".
El surgimiento de las poderosas mafias de drogas de América Latina no se explica por la extrema maldad de determinados individuos. Estas personas han emergido bajo condiciones creadas por la profunda desigualdad de sus sociedades, por una guerra mal aplicada, inconsistente y burocrática.
La ira de los Zetas en México se originó durante el entrenamiento de contrainsurgencia que se dio en los años noventa a un grupo de soldados de las fuerzas especiales, que luego desertaron. Los reclutados más sobresalientes de los zetas en años recientes han venido de las fuerzas militares especiales guatemaltecas, cuya infame técnica de inducción incluía arrancar a mordidas la cabeza de una gallina viva. Mientras tanto, en Jamaica y en lejanías rurales de América Central, los capos de la droga se convierten en benefactores y héroes de los pobres.
Es tiempo de que se reconsidere la situación y regulación de las drogas ilegales y haya una orientación hacia la legalización selectiva, así como una reclasificación del mercado como una cuestión de salud pública en lugar de una preocupación penal. Por el momento, los encargados del diseño de políticas en América Latina están apuntando hacia lo obvio.
Briscoe es investigador de conflictos en el Instituto Clingendael de Asuntos Internacionales en La Haya, Países Bajos.